Muchas lineas se han escrito ya sobre el accidente ocurrido el pasado 22 de Enero. Para muchos el accidente es la consecuencia de las privatizaciones de los 90s, para muchos otros (aunque menos que los primeros) es el resultado del virtual proceso de re-estatización de los ferrocarriles comenzado en 2003. Personalmente, concuerdo con los últimos y adhiero plenamente a lo expresado acá por Jorge Avila. Sin embargo, como precisamente ya se ha escrito mucho sobre el accidente en sí y no tengo pensamientos originales para aportar sobre el mismo, el presente post no se centrará en un análisis de la tragedia y sus causas.
Seguramente, el gobierno le termine rescindiendo la concesión a TBA a causa del accidente, como (a mi entender) sugirió la misma Cristina cuando, entre otras cosas, dijo "quiero decirles que voy a tomar las decisiones que sean necesarias una vez que la Justicia decida". Si eso ocurriera, la actual administración no estaría haciendo otra cosa que ratificar el gobierno de la no-razón en el que está inmersa Argentina actualmente. Pensando con un poco de detenimiento y lógica, cualquiera se da cuenta que dicha medida es completamente contraria al discurso de un gobierno que se intenta mostrar libre de culpas. A mi me preocupa esto último, ya que refleja que vivimos en un estado de cosas en el cual nada se reflexiona con una mínima profundidad.
Sin ser un experto en el tema, no resulta arriesgado afirmar que los ferrocarriles siguen siendo igual de seguros (o inseguros) hoy, martes 28 de Febrero, que hace una semana atrás, es decir antes de que ocurriera el accidente. En consecuencia, si el gobierno le rescinde la concesión a TBA argumentando que la falta de inversión y mantenimiento devienen en niveles de seguridad por debajo de lo "aceptable" solamente una(s) semana(s) después de ocurrido accidente, estaría implícitamente aceptando que cuando ocurrió el accidente los trenes ya eran "demasiado" inseguros y se deberían haber tomado cartas en el asunto. Seguramente, ya que los caraduras abundan (exempli gratia), alguien dirá que no se le puede exigir al estado ser omnipresente, otro argumento contradictorio para un gobierno que propone casi exclusivamente más intervencionismo, como si el mismo tuviese algún valor intrínseco. Los ferrocarriles urbanos de Buenos Aires tuvieron 344.1 millones de pasajeros pagos durante 2011 (según la CNRT). Si este estado no puede velar adecuadamente por la seguridad de un servicio de semejante magnitud, entonces cómo puede ser que la actual administración encuentre la solución a los múltiples problemas que aquejan a Argentina en la formula "más estado".
En conclusión, la rescisión de la concesión a TBA, el desenlace más probable, sería una medida sumamente contradictoria y "tribunera". Lo más preocupantemente es que dicha "tribuna" aprecia cada vez más los actos de altanería y cada vez le presta menos atención a la lógica de los mismos.